La decisión adoptada en el último Consejo de Gobierno del pasado año afecta a los 50.000 funcionarios de la Comunidad Autónoma
05.01.10 - 00:26 -
J. MOLLEJO MURCIA / La Verdad
05.01.10 - 00:26 -
J. MOLLEJO MURCIA / La Verdad
Los aproximadamente 50.000 empleados públicos de la Comunidad Autónoma se han quedado sin las mejoras retributivas que tenían previstas para este año. Tras varios contactos mantenidos por el Ejecutivo autónomo a lo largo del mes de diciembre con los sindicatos de funcionarios, el último Consejo de Gobierno del pasado año, celebrado el 29 de diciembre, decidió suspender la aplicación en 2010 de los acuerdos salariales firmados con las organizaciones sindicales.
El Gobierno que preside Ramón Luis Valcárcel justifica la medida por la escasez de recursos económicos existente en las arcas regionales a causa de la recesión, y la necesidad de priorizar las inversiones productivas y las políticas sociales.
Sin embargo, la medida ha provocado el enfado de los sindicatos, con UGT y CC OO a la cabeza, que acusan a la Comunidad de incumplir sus propios acuerdos y no descartan futuras movilizaciones.
Los acuerdos salariales que debían aplicarse en 2010 y que quedan en suspenso suponen alrededor de unos 20 millones de euros a repartir entre todos los funcionarios de la Administración regional, aunque el mayor perjuicio será para el personal sanitario del Servicio Murciano de Salud.
Sanidad, la más afectada
En concreto, el Servicio Murciano de Salud debía completar este año el último tramo del desarrollo de la carrera administrativa, lo que habría supuesto una mejora económica para el personal sanitario en función de la formación y años de experiencia de cada empleado. Este cuarto tramo de la carrera administrativa en la Sanidad pública iba a costar a la Comunidad Autónoma unos 14 millones de euros, cuyo pago queda ahora en el aire.
El Gobierno regional ignora de momento cuándo podrá hacer frente a estos acuerdos firmados. Hasta ahora se ha limitado a reiterar que su intención es cumplirlos cuando la situación económica lo permita.
La imprecisión del Ejecutivo en este asunto llega incluso a los compromisos que quedan en suspenso. Fuentes de la Consejería de Presidencia y Administraciones Públicas, de la que depende la Función Pública, indicaron ayer que hasta dentro de unos días no se concretarán las medidas retributivas que no se aplicarán en 2010. «Quedan algunos flecos en Sanidad que debemos concretar», indicó una fuente oficial.
Otro de los acuerdos que quedan en papel mojado es el inicio de la aplicación de la carrera administrativa entre los empleados de la administración general de la Comunidad Autónoma. Según el documento suscrito por el Gobierno regional, este año debía ponerse en marcha el primer tramo de esta carrera, con un coste aproximado de 6 millones de euros. El compromiso adquirido por la Consejería de Presidencia establecía que si, por algún motivo, la carrera administrativa no empezaba a aplicarse este año en la administración general, los empleados afectados recibirían una compensación económica, que, obviamente, tampoco van a percibir.
Estos mismos acuerdos fijaban para 2011 el comienzo del desarrollo de la carrera profesional entre el personal de Educación, aspecto que también queda en suspenso.
Los sindicatos han intentado hasta el último momento que el Ejecutivo fuera fiel a sus compromisos, pero sin ningún éxito.
El 15 de diciembre pasado, los máximos responsables regionales de UGT y CC OO, Antonio Jiménez y Daniel Bueno, se entrevistaron con el presidente regional, Ramón Luis Valcárcel, en el palacio de San Esteban y le pidieron que cumpliera los acuerdos salariales. En los días siguientes, Valcárcel se entrevistó también con representantes del sindicato CSIF y de Cemsatse, organización mayoritaria en la Sanidad pública, que también le solicitaron que se atuviera a los documentos firmados por su Gabinete. Sin embargo, las penalidades económicas que atraviesa la Comunidad Autónoma han podido más que las demandas sindicales.
Además del bolsillo de los funcionarios de la Administración, también se puede resentir por este asunto la relación con los sindicatos. UGT tiene previsto hoy una reunión para concretar qué acciones toma al respecto. «Los empleados públicos están muy molestos, porque contaban con esas mejoras salariales», indicó el secretario general de UGT en la Región de Murcia, Antonio Jiménez, quien consideró inevitables las movilizaciones.
El diálogo social en peligro
El líder regional de CC OO, Daniel Bueno, también fue muy crítico con el Ejecutivo autónomo, al que acusó de «imprevisión» y de «falta de seriedad». Bueno tampoco descartó la posibilidad de protestas. «Los funcionarios están con ganas de fiesta», indicó con ironía el secretario general de CC OO.
El malestar desatado en las principales centrales sindicales de la Región puede afectar además a otros asuntos que la Administración regional tiene pendiente de negociar con ellos. Este mismo mes, por ejemplo, Ramón Luis Valcárcel tiene previsto citar a UGT y CC OO para negociar la actualización del Plan Estratégico de la Región de Murcia, denominado Horizonte 2020.
Prioridades de gasto
Desde el PSOE también se ha cuestionado la decisión del Ejecutivo de suspender los acuerdos salariales suscritos. La viceportavoz socialista en la Asamblea Regional, Begoña García Retegui, reprobó hace unos días que «Sanidad se plantee paralizar la aplicación de la carrera administrativa, que fue pactada y consensuada, y sin embargo se gaste 4 o 5 millones de euros en un complemento de productividad para los médicos que realizan guardias que no está en los acuerdos y que podría, por ello, ser ilegal».
UGT también cuestiona las prioridades de gasto del Gobierno regional. «No entendemos que renuncien a pagar los complementos salariales a que se habían comprometido con sus empleados, y, sin embargo, derrochen millones de euros en campañas de publicidad y en protocolo», indicó Antonio Jiménez.
