PSRM-PSOE
El diputado socialista José Antonio Gil afirmó que se solicitará la comparecencia en la Asamblea de las consejeras de Presidencia, Economía y Sanidad, y del consejero de Educación, además del propio Valcárcel
El diputado regional socialista José Antonio Gil anunció que el Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea Regional pedirá la comparecencia, tanto del presidente Valcárcel, como de las consejeras de Presidencia, Economía y Sanidad, así como del consejero de Educación, “todos como responsables del incumplimiento del acuerdo salarial que se firmó desde la Administración Regional con los empleados y empleadas públicos”.
“En cada uno de sus sectores, Valcárcel y los consejeros deben explicar las razones que les han llevado a estos incumplimientos”, añadió.
Gil manifestó “el rechazo absoluto del Grupo Parlamentario Socialista a la decisión unilateral del Gobierno de Valcárcel de dejar en suspenso los acuerdos firmados con las organizaciones sindicales, sobre mejoras salariales de los funcionarios públicos de la Administración Regional”.
50.000 personas
El diputado recordó que este asunto afecta a 50.000 empleados y empleadas públicos, y exigió “que se reconsidere de inmediato tal decisión”.
José Antonio Gil expresó además “la indignación de los parlamentarios socialistas ante el desprecio mantenido por el Equipo de Gobierno en la Asamblea Regional, cuando todos los consejeros han sostenido que el incremento en gastos corrientes de los Presupuestos Regionales para el año 2010 se debían exclusivamente a los compromisos sobre retribuciones económicas asumidos con los representantes sindicales”. Gil califica la actitud del Gobierno regional para con la oposición de “pantomima”.
El diputado socialista reprochó al Gobierno regional su actitud con los empleados públicos “mientras se mantienen injustificables partidas de boato, publicidad, propaganda y eventos de costo muy superior a lo que se pretende ahorrar con esta tomadura de pelo a los trabajadores públicos”.
“Es inexplicable que se castigue a los trabajadores y trabajadoras que prestan servicios públicos mientras se mantiene el derroche y el despilfarro en materias que no tienen nada que ver ni con servicios públicos fundamentales ni con el empleo”, finalizó.
El diputado socialista José Antonio Gil afirmó que se solicitará la comparecencia en la Asamblea de las consejeras de Presidencia, Economía y Sanidad, y del consejero de Educación, además del propio Valcárcel
El diputado regional socialista José Antonio Gil anunció que el Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea Regional pedirá la comparecencia, tanto del presidente Valcárcel, como de las consejeras de Presidencia, Economía y Sanidad, así como del consejero de Educación, “todos como responsables del incumplimiento del acuerdo salarial que se firmó desde la Administración Regional con los empleados y empleadas públicos”.
“En cada uno de sus sectores, Valcárcel y los consejeros deben explicar las razones que les han llevado a estos incumplimientos”, añadió.
Gil manifestó “el rechazo absoluto del Grupo Parlamentario Socialista a la decisión unilateral del Gobierno de Valcárcel de dejar en suspenso los acuerdos firmados con las organizaciones sindicales, sobre mejoras salariales de los funcionarios públicos de la Administración Regional”.
50.000 personas
El diputado recordó que este asunto afecta a 50.000 empleados y empleadas públicos, y exigió “que se reconsidere de inmediato tal decisión”.
José Antonio Gil expresó además “la indignación de los parlamentarios socialistas ante el desprecio mantenido por el Equipo de Gobierno en la Asamblea Regional, cuando todos los consejeros han sostenido que el incremento en gastos corrientes de los Presupuestos Regionales para el año 2010 se debían exclusivamente a los compromisos sobre retribuciones económicas asumidos con los representantes sindicales”. Gil califica la actitud del Gobierno regional para con la oposición de “pantomima”.
El diputado socialista reprochó al Gobierno regional su actitud con los empleados públicos “mientras se mantienen injustificables partidas de boato, publicidad, propaganda y eventos de costo muy superior a lo que se pretende ahorrar con esta tomadura de pelo a los trabajadores públicos”.
“Es inexplicable que se castigue a los trabajadores y trabajadoras que prestan servicios públicos mientras se mantiene el derroche y el despilfarro en materias que no tienen nada que ver ni con servicios públicos fundamentales ni con el empleo”, finalizó.
