El juez advierte de que todavía tiene pendiente interrogar a «importantes imputados» El abogado Cesáreo Gil tendrá que declarar «porque puede arrojar mucha luz»
RICARDO FERNÁNDEZ MURCIA/ La Verdad
RICARDO FERNÁNDEZ MURCIA/ La Verdad
¿Cómo justificar la salida de importantes cantidades de dinero de la cuenta bancaria de una empresa, cuando tales cantidades están supuestamente destinadas a pagar comisiones a políticos y no se puede esperar que éstos, por supuesto, vayan entregando recibos por los cohechos? La respuesta: buscando sociedades legalmente constituidas que, a cambio de que se les pague el IVA y un poco más, se avienen a hacer facturas por servicios que no han prestado.
De esta forma parecían actuar los dos presuntos propietarios de la mercantil Asesores de Calidad y Desarrollo de la Ingeniería (ACADI) S.L., el funcionario de Presidencia en excedencia, José Luis Cano Valverde, y el ingeniero Domingo Peñalver Rojo, ambos detenidos como motivo de la Operación Biblioteca contra la corrupción. Las investigaciones judiciales apuntan a que esta empresa habría pagado elevadas comisiones (diversos abonos de 30.000, 40.000 y 60.000 euros, según Peñalver) al alcalde de Librilla, José Martínez García; al teniente de alcalde de Urbanismo, Pedro Martínez, y al gerente de la sociedad municipal Iniciativas para el Desarrollo de Librilla (IDL) S.L., José Andrés Cortés, a cambio de la adjudicación de contratos públicos.
Para justificar la salida de tales cantidades de la cuenta de ACADI, los responsables de esta firma habría buscado a un grupo de empresarios de Librilla para que les emitiesen facturas falsas, por servicios que en realidad no habían prestado, a cambio de dinero. Esta práctica, en el argot empresarial, se denomina comprar IVA.
De esta forma, ACADI lograría justificar el desembolso de tales cantidades en metálico, si es que se veía obligado a hacerlo por alguna razón, como una inspección o una investigación.
Clientes de una asesoría
La adquisición de facturas falsas fue confesada por el propio Domingo Peñalver en su extensa declaración ante el juez del pasado viernes. El hecho de que al menos cuatro empresarios de Librilla que le suministraron esas facturas sean clientes de una asesoría de José Andrés Cortés, llamada Cotem, parece apuntar a que fue él mismo quien buscó a los vendedores de IVA. Sin embargo, Cortés lo ha negado en su declaración.
Los dos últimos detenidos de la Operación Biblioteca fueron sendos empresarios que habían emitido facturas falsas. Ambos han sido ya puestos en libertad. En sus autos, el juez apunta a que serán más los imputados por esa causa y señala que tendrá que tomar declaración muy pronto al abogado Cesáreo Gil de Pareja, detenido el jueves y puesto en libertad antes de ser puesto a disposición judicial. «Es un sujeto que mucha luz puede aportar sobre lo actuado por IDL y el Ayuntamiento de Librilla», afirma el juez. La mayor parte de los imputados arrojó gran cantidad de sombras sobre la actuación del letrado.
De esta forma parecían actuar los dos presuntos propietarios de la mercantil Asesores de Calidad y Desarrollo de la Ingeniería (ACADI) S.L., el funcionario de Presidencia en excedencia, José Luis Cano Valverde, y el ingeniero Domingo Peñalver Rojo, ambos detenidos como motivo de la Operación Biblioteca contra la corrupción. Las investigaciones judiciales apuntan a que esta empresa habría pagado elevadas comisiones (diversos abonos de 30.000, 40.000 y 60.000 euros, según Peñalver) al alcalde de Librilla, José Martínez García; al teniente de alcalde de Urbanismo, Pedro Martínez, y al gerente de la sociedad municipal Iniciativas para el Desarrollo de Librilla (IDL) S.L., José Andrés Cortés, a cambio de la adjudicación de contratos públicos.
Para justificar la salida de tales cantidades de la cuenta de ACADI, los responsables de esta firma habría buscado a un grupo de empresarios de Librilla para que les emitiesen facturas falsas, por servicios que en realidad no habían prestado, a cambio de dinero. Esta práctica, en el argot empresarial, se denomina comprar IVA.
De esta forma, ACADI lograría justificar el desembolso de tales cantidades en metálico, si es que se veía obligado a hacerlo por alguna razón, como una inspección o una investigación.
Clientes de una asesoría
La adquisición de facturas falsas fue confesada por el propio Domingo Peñalver en su extensa declaración ante el juez del pasado viernes. El hecho de que al menos cuatro empresarios de Librilla que le suministraron esas facturas sean clientes de una asesoría de José Andrés Cortés, llamada Cotem, parece apuntar a que fue él mismo quien buscó a los vendedores de IVA. Sin embargo, Cortés lo ha negado en su declaración.
Los dos últimos detenidos de la Operación Biblioteca fueron sendos empresarios que habían emitido facturas falsas. Ambos han sido ya puestos en libertad. En sus autos, el juez apunta a que serán más los imputados por esa causa y señala que tendrá que tomar declaración muy pronto al abogado Cesáreo Gil de Pareja, detenido el jueves y puesto en libertad antes de ser puesto a disposición judicial. «Es un sujeto que mucha luz puede aportar sobre lo actuado por IDL y el Ayuntamiento de Librilla», afirma el juez. La mayor parte de los imputados arrojó gran cantidad de sombras sobre la actuación del letrado.
