La trama delictiva se constituyó en el 2001 para intentar quedarse con la mayor parte posible de las subvenciones para reparar los daños que causó el terremoto de Mula
RICARDO FERNÁNDEZ MURCIA/ La Verdad
RICARDO FERNÁNDEZ MURCIA/ La Verdad
Río revuelto desean los pescadores. Y comarcas convulsionadas buscan los cazadores de subvenciones públicas. En el mismo ambiente donde unos todo lo pierden es donde otros, los más avispados, más tienen que ganar.
José Luis Cano Valverde, funcionario en excendencia de la Consejería de Presidencia, lo debió ver así de claro desde su privilegiada atalaya de responsable del Servicio de Asistencia Técnica a Municipios cuando, corriendo el año 2001, un terremoto causó daños muy cuantiosos en la comarca del río Mula y la Administración Regional pronto estableció una línea de ayudas a los damnificados. Fue entonces cuando, según diversos datos que surgen de la investigación realizada con motivo de la Operación Biblioteca, Cano decidió supuestamente constituir una trama dirigida a lucrarse con ese dinero público.
Fuentes próximas a la investigación han señalado a La Verdad que fue entonces cuando el funcionario buscó a un ingeniero conocido suyo, Domingo Peñalver Rojo, y le ofreció constituir entre ambos una sociedad llamada Asesores de la Calidad y Desarrollo de la Ingeniería S.L. (ACADI), dirigida a elaborar informes para los ayuntamientos -en los que Cano tenía buenos contactos por razón de su puesto en la Comunidad Autónoma- con los que solicitar y obtener esas subvenciones públicas.
Para evitar posibles incompatibilidades, Cano habría convencido a Peñalver para que sólo éste figurase al frente de la sociedad, aunque él tuviese el 50% de las acciones, que tampoco declaró ante el Registro Mercantil.
Tal es el germen de la presunta trama de corrución desmantelada esta semana por los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, bajo la supervisión de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Murcia (TSJ) y del titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Murcia, Andrés Carrillo.
OTRAS ACTIVIDADES LUCRATIVAS
Una vez que la sociedad Cano-Peñalver comenzó a funcionar, fue ampliando con el paso de los años sus actividades, siempre orientadas a seguir lucrándose presuntamente de sus privilegiadas relaciones con la Comunidad Autónoma y con diversos ayuntamientos.
Según relata textualmente el fisval en los autos de prisión dictados este viernes, y a los que La Verdad ha tenido acceso, contra el alcalde de Librilla, José Martínez García; el teniente de alcalde de Urbanismo Pedro Martínez Muñoz; el gerente de la sociedad municipal Iniciativas para el Desarrollo de Librilla (IDL S.L.), José Andrés Cortés Otálora y el referido José Luis Cano (sólo Peñalver quedó en libertad con cargos), «la presunta trama se habría urdido por José Luis Cano, con la colaboración de Domingo Peñalver, para constituir una serie de sociedades con las que enriquecerse mediante la adjudicación de contratos públicos a través de esas empresas, bien utilizando el puesto de don José Luis en la Consejería de Presidencia o bien favoreciéndose de los contactos de este último con otros funcionarios públicos, a los que se habrían pagado comisiones ilegales por esas actividades».
Es en este punto donde entran en escena el alcalde y el concejal de Urbanismo de Librilla, así como el gerente de IDL, José Andrés Cortés.
Aprovechándose supuestamente de las buenas relaciones que Cano tenía con el equipo de gobierno de Librilla, el funcionario de la Comunidad consigue lo que el juez llama «el desembarco de Domingo Peñalver en el Ayuntamiento de Librilla». Primero, como técnico municipal; y después, al conseguir que «a una empresa con tan poco bagaje económico como ACADI -presidida por Peñalver-, se le adjudique la redacción del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de ese municipio».
«BENEFICIOS MUY IMPORTANTES»
Para completar la trama, el equipo de gobierno habría situado al frente de la sociedad municipal IDL a un hombre de confianza, José Andrés Cortés, quien acabó convirtiéndose en funcionario en unas oposiciones de cuyo tribunal formó parte José Luis Cano.
Con este panorama, al juez Carrillo no le extraña que ACADI -la sociedad que era propiedad de Cano y Peñalver- «haya extraído beneficios tan importantes como los obtenidos de la sistemática adjudicación de los contratos de IDL a esa ACADI. Y ello en repetidos concursos que, según refiere el mismo Domingo Peñalver, no eran tales por fijarse unos perfiles específicos para el adjudicatario que prácticamente sólo encajaban con la referida empresa». Es decir, que según el instructor, los contratos públicos estaban amañados de antemano para que fueran siempre a parar a ACADI.
«SOBRES CON DINERO»
¿Qué habrían ganado el alcalde y el teniente de alcalde de Urbanismo, así como el gerente de IDL, con esa adjudicación sistemática de los concursos públicos a la sociedad controlada por Cano y Peñalver? Tal es la pregunta que se hace el juez y que se contesta de la siguiente forma: dinero. Dinero obtenido en forma de comisiones, que constituirían un presunto delito de cohecho.
Así, el magistrado otorga gran credibilidad a las confesiones de uno de los imputados y presuntos integrantes de la trama, Domingo Peñalver, quien ha reconocido haber abonado cuantiosas comisiones al gestor de IDL y al alcalde y al edil de Urbanismo. El instructor considera que no parece que existan «intereses espurios» en las acusaciones de Peñalver, ya que él mismo está autoinculpándose de delitos tan graves como el cohecho y la falsedad en documento.
En concreto, el administrador de ACADI relató en su declaración ante la Guardia Civil, luego ratificada en el juzgado, que hizo diversos pagos de 30.000, 40.000 y 60.000 euros (entre cinco y diez millones de pesetas) a José Martínez, Pedro Martínez y José Andrés Cortés. Peñalver contó además que, de entrada, IDL se quedaba ya con el 10% de todos los contratos, y que luego Cortés y Pedro Martínez comenzaron a exigirle otro 20% para ellos y para el alcalde.
«ME TIENES QUE DAR LO MÍO»
El juez sigue señalando que la credibilidad indiciaria de Peñalver en su relato es elevada y que «se aprecian muy serios indicios sobre la comisión de delitos graves, como lo es sin ir más lejos el cohecho de José Martínez García y de Pedro Martínez Muñoz. Domingo Peñalver da datos concretos acerca de circunstancias temporales y espaciales relativas a la entraga de cantidades a estos últimos, como medio para conseguir desbloquear el pago de cifras a favor de ACADI».
Y es que el gerente de ACADI declaró que los responsables municipales y el gerente de IDL le retrasaban los pagos de dinero público, con el presunto fin de forzarle a entregarles más comisiones. De esta forma, durante un año y medio casi no habría percibido dinero alguno; una circunstancia que el alcalde, el teniente de alcalde y el responsable de IDL admiten, pero que achacan a otras circunstancias de procedimiento y no a un intento de extorsionarle.
Respecto a la aportación de datos concretos sobre el pago de comisiones a que se refiere el instructor, Peñalver llega a relatar cómo en una ocasión se reunió en una cafetería llamada Mulligan's con su socio Cano, el alcalde y el edil de Urbanismo, y él mismo le entregó un sobre con dinero a su amigo para que a su vez se lo entregase a los dos cargos públicos de Librilla.
Cuando a lo largo del interrogatorio el juez le pregunta si José Martínez le pidió directamente dinero, el administrador de ACADI responde: «Me dijo que le tenía que dar lo suyo».
-«¿Y usted a qué cree que se estaba refiriendo con esa expresión?», le insistió.
-«Pues a que le diera su dinero, aunque no lo nombró de esa forma expresa», aclaró.
UN ESTADO CASI DEPRESIVO
Habrían sido presuntamente las continuas e imperiosas solicitudes de dinero las que habrían llevado a Domingo Peñalver a querer apartarse totalmente de Cano y de sus relaciones con Librilla. Tanto es así que en el último año no había vuelto por el pueblo y que había regalado ACADI a su socio, después de haber despedido e indemnizado a los empleados.
Ese estado casi próximo a la depresión es el que habría llevado a Peñalver a confesar de plano cuando la Guardia Civil le anunció que estaba detenido y lo condujo al cuartel para tomarle declaración. La misma que le llevó este viernes a ratificar su testimonio ante el juez instructor. Y la misma que, por colaborar con la justicia, le ha permitido eludir por ahora una prisión en la que ya están cuatro de quienes, durante años, fueron sus presuntos compinches.
