Los alcaldes avisan de que la prohibición del crédito estrangulará las arcas locales

La norma del Gobierno central no sólo reducirá al mínimo la inversión municipal, sino que afectará al pago a proveedores
25.05.10 - 02:28 -
J. MOLLEJO MURCIA. / La Verdad

El malestar y el desánimo cundió ayer por los despachos de las alcaldías de toda España al descubrir la sorpresa que escondía el real decreto-ley del Gobierno centra con las medidas para reducir el déficit público, y que ayer apareció publicado en el Boletín Oficial del Estado. Según uno de los artículos de la norma, los ayuntamientos y sus entidades dependientes no podrán acudir al crédito público ni privado a largo plazo hasta enero de 2012 para financiar sus inversiones.
La medida significa en la práctica que los ayuntamientos deberán subsistir con los préstamos solicitados hasta ayer y con sus propios ingresos, muy mermados a causa de la crisis y con los que apenas cubren los gastos corrientes, durante este y el próximo ejercicio, que es precisamente año de elecciones municipales.
Las consecuencias directas de esta prohibición del crédito, según los alcaldes consultados por 'La Verdad', no sólo será la reducción al mínimo de las inversiones municipales el próximo año, sino que también afectará al funcionamiento normal de las admimistraciones locales, ya que les privará de liquidez y dificultará el pago a proveedores. «Esto nos va a asfixiar todavía más», advirtió Eduardo Contreras, alcalde de Molina de Segura.
El texto del real decreto señala que a partir de su entrada en vigor y hasta el 31 de diciembre de 2011, «las entidades locales y sus entidades dependientes clasificadas en el sector administraciones públicas no podrán acudir al crédito público o privado a largo plazo».
Especifica que no podrán acudir a ese recurso «en cualquiera de sus modalidades para la financiación de sus inversiones ni sustituir total o parcialmente operaciones preexistentes, a excepción de aquellas que en términos de valor actual neto resulten beneficiosas para la entidad por disminuir la carga financiera, el plazo de amortización, o ambos».
Además, el texto aclara que las operaciones a corto plazo concertadas para cubrir situaciones transitorias de financiación reguladas en la Ley de Haciendas Locales deberán quedar canceladas a 31 de diciembre de cada año.
En Molina, por ejemplo, uno de los efectos directos de la medida será el aplazamiento del plan de obras en pedanías, una parte del cual el Ayuntamiento tenía previsto financiarlo con un crédito. Los proyectos de La Muralla y los colectores de la zona norte, según explica Contreras, se salvarán gracias a que se financiarán con subvenciones de la Comunidad Autónoma.
El alcalde de Molina teme que la prohibición alcance también a las pólizas de crédito con las que habitualmente operan muchos ayuntamientos. «Si es así, la situación es muy grave, ya que tendremos problemas para pagar a los proveedores», indica el regidor popular.
El primer edil de Calasparra, el socialista Jesús Navarro, vaticinó que «las inversiones locales van a caer de forma importante», al tiempo que se lamentó de que, «después de los esfuerzos que estamos realizando para sobrevivir, ahora nos ponen una traba más».
El que no puedan recurrir a las entidades financieras afectará a la actividad municipal sobre todo el próximo año, ya que, a la altura del ejercicio actual en que nos encontramos, prácticamente todos los ayuntamientos que tenían previsto endeudarse este año para realizar alguna obra, ya lo han hecho.
Así lo reconoció el alcalde de Murcia y presidente de la Federación de Municipios de la Región de Murcia, Miguel Ángel Cámara. «Este año los efectos no serán muy graves, pero el año que viene vamos a tener que renunciar a algunos proyectos, aunque ya estamos estudiando alternativas», explicó Cámara. El alcalde de la capital de la Región y secretario general del PP murciano considera además «injusto que seamos los ayuntamientos los que debamos pagar la mala gestión del Gobierno de España».
Reunión de los municipios
Cámara asiste esta mañana a la reunión de la Comisión Ejecutiva de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que analizará las medidas del real decreto-ley para reducir el déficit público que afectan a las entidades locales, entre ellas la rebaja del sueldo de los funcionarios y la limitación para pedir créditos.
La restricción del crédito a largo plazo a los ayuntamientos hasta 2012 para la financiación de posibles inversiones no debería aplicarse a todas las entidades locales por igual, sino que habría de contemplar si tienen déficit o no, según declaró ayer el secretario general de los técnicos de Hacienda (Gestha), José María Mollinedo.
En un comunicado, Mollinedo considera que el trato a los ayuntamientos no puede ser «lineal». «No se puede hacer 'tabla rasa' para todos los ayuntamientos tengan o no déficit», añadió.
El alcalde de Puerto Lumbreras y vicesecretario general del PP, Pedro Antonio Sánchez, señaló que muchos ayuntamientos necesitan recurrir a bancos y cajas «para pagar las facturas, por lo que con esta medida lo que van a conseguir es paralizar la liquidez municipal».
Sánchez acusó a Rodríguez Zapatero de incumplir el mandato del Congreso de aprobar una nueva reforma de la financiación local antes del verano, según la moción del PP aprobada el pasado 13 de abril. A juicio del alcalde, las medidas del Gobierno central abocan a los ayuntamientos a «parar las obras o subir los impuestos», tal y como le planteó en una reciente entrevista el director general de Cooperación Financiera con las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos, Alain Cuenca.

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