La Verdad
La Comisión de Peticiones y Defensa del Ciudadano de la Asamblea Regional ha asumido las funciones que venía ejerciendo la institución del Defensor del Pueblo en los últimos cuatro años. El Gobierno regional está liquidando algunos de los contratos que tenía pendientes este organismo cuya eliminación fue decidida el pasado octubre. Otra parte de las quejas y peticiones de los ciudadanos se cursarán al Defensor del Pueblo nacional, explicaron ayer fuentes parlamentarias.
La estructura que dirigió José Pablo Ruiz Abellán -que tuvo como adjunto a Raimundo Benzal- ha desaparecido tras quedar suprimida la última partida presupuestaria de 360.000 euros que estableció el Plan de Requilibrio Financiero, después de otro recorte previo de más de 500.000 euros.
El Defensor del Pueblo percibía un sueldo cercano a los 70.000 euros anuales (como los consejeros de Valcárcel), y unos 10.000 euros menos su adjunto. La institución tenía una plantilla de 11 empleados (6 funcionarios y 5 eventuales), y en su última etapa se trasladó a un edificio de la calle Correos, frente a la sede del Consejo Jurídico de la Región. En los cuatro años de funcionamiento el Defensor del Pueblo tramitó 4.000 quejas y reclamaciones de particulares ante las instituciones. Atendió 2.000 consultas telefónicas y 300 resoluciones, de las que un 80% fueron aceptadas por las administraciones, según su balance. La crisis y los recortes presupuestarios lo situaron en la lista de los organismos candidatos a la desaparición.
