La Opinión
M. J. GIL La Inspección de Trabajo y la Seguridad Social han detectado en los nueve primeros meses del año 1.656 altas fraudulentas y han dado de baja a estos falsos cotizantes, inscritos por las tramas dedicadas a conseguir el cobro de prestaciones –como el paro o las bajas laborales– a personas sin trabajo. Los casos de fraude detectados hasta el mes de agosto duplican ya las 800 altas fraudulentas que los inspectores consiguieron descubrir el pasado año, según informó el director territorial de la Inspección, José Fuentes. Según sus cálculos, a finales de año se habrán superado los 2.000 expedientes.
La persecución de las empresas ficticias que son creadas exclusivamente para conseguir prestaciones económicas a los supuestos trabajadores está empujando a los delincuentes especializados en este tipo de fraudes fuera de la Región de Murcia.
Según explicó el jefe de la Inspección, las tramas que han venido actuando en Murcia durante los últimos años se han desplazado a las provincias vecinas, especialmente a Albacete y a Almería. También se ha detectado algún caso en Alicante. Para poder dar de alta a los beneficiarios del fraude, los promotores constituyen empresas ficticias, que después inscriben en la Seguridad Social. Esta inscripción les permite dar de alta a los trabajadores que supuestamente tienen contratados. En realidad, se trata de personas que no están ejerciendo ninguna actividad.
Gracias a este fraude, al cabo de unos meses de cotización pueden tener derecho a cobrar el paro o una incapacidad
laboral.
En la Región, suelen localizarse preferentemente en Cartagena y en zonas deprimidas.
A cambio de estos servicios, los promotores de las empresas ficticias les cobran una determinada cantidad como compensación. También se quedan parte del dinero que paga la Seguridad Social en prestaciones.
En el primer semestre del año han sido detectadas 16 empresas ficticias, que aseguraban tener trabajando a 1.524 personas, a las que se dio de baja. En agosto ya se habían alcanzado las 1.656. El director territorial de la Inspección calcula que a final de año se habrán superado los 2.000 expedientes.
Además de dar de baja a estos trabajadores ficticios, se les borran las cotizaciones que hayan podido acumular, con el fin de que tampoco lleguen a utilizarlas en el futuro para tener derecho a una jubilación u otras prestaciones.
Estas tramas reclutan a los beneficiarios de las prestaciones fraudulentas entre los colectivos más desprotegidos de la población, hasta el extremo de que han llegado a dar de alta como administrador a un indigente que dormía entre cartones.
En años anteriores, se daban de alta en la Seguridad Social como falsas empresas de la construcción y la limpieza
de locales públicos. Ahora, con la crisis del sector inmobiliario, han empezado a registrarse como sociedades ficticias dedicadas a otras actividades. Según explicó el director territorial, José Fuentes, eligen aquellos sectores en los que se supone que los centros de trabajo tienen una gran movilidad y, por lo tanto, son más difíciles de inspeccionar.
Sin embargo, las supuestas empresas no llegaba a cotizar por sus trabajadores. Cuando la Tesorería de la Seguridad Social intenta recaudar la deuda acumulada en vía ejecutiva, no había realmente ninguna empresa a la que cobrar.
