El ex director general Alvarado, imputado en la causa, se refiere a su antiguo superior como «el gran 'mullidor'» y afirma que «nos está arrastrando a muchos, por arriba y por abajo»
RICARDO FERNÁNDEZ/ La Verdad
RICARDO FERNÁNDEZ/ La Verdad
La investigación del caso Zerrichera tiende, como el aire caliente, hacia arriba. Tiende a subir. En su trayectoria ascendente se ha topado ya con el ex consejero de Industria y Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de Murcia, Francisco Marqués, quien durante meses ha tenido intervenidos sus teléfonos y cuyo patrimonio e ingresos, y también los de su esposa, están siendo exhaustivamente investigados.
Ésta es una de las principales novedades que aporta la pieza separada de la investigación sobre el caso Zerrichera, que se abrió en abril del 2007 por orden del titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Murcia, Antonio Alcázar Fajardo, y que ha permanecido hasta ahora bajo secreto de sumario. Esta investigación, que se resume en 345 folios que están en poder de La Verdad, tenía por objeto determinar si algún cargo público del Ayuntamiento de Águilas o de la Comunidad Autónoma había recibido dinero, o promesa de ello, a cambio de recalificar una finca -la citada Zerrichera- para permitir edificar un resort pese a que era objeto de una especial protección ambiental.
En ese paraje de 156 hectáreas, 40 áreas y 24 centiáreas, enclavado en la diputación aguileña de Téber y que forma parte de la Sierra de la Almenara, el empresario Trinitario Casanova promovía un proyecto urbanístico consistente en levantar unas 4.000 viviendas y un hotel de lujo en torno a un campo de golf.
VARIOS ALTOS CARGOS
Francisco Marqués, quien en la actualidad ejerce como director general de la Hermandad Farmacéutica del Mediterráneo (Hefame), no formaba parte de esa investigación en su origen. Los funcionarios del Grupo de Delincuencia Económica, integrados en la Unidad contra la Droga y el Crimen Organizado (UDYCO) de la Jefatura de Policía de Murcia, se habían centrado, por orden del juez, en los ex directores generales de Calidad Ambiental, Antonio Alvarado Pérez, y del Medio Natural, Encarna Muñoz Martínez; en el alcalde de Águilas, Juan Ramírez Soto, y en el empresario Casanova, entre otros.
Sin embargo, los datos que iba aportando la investigación, unidos a una conversación intervenida a Alvarado, en la que supuestamente se refería a su ex jefe, Francisco Marqués, como «el gran mullidor (sic)» -en realidad, habría querido decir muñidor, esto es, «el que concierta o dispone un asunto con engaño», según la Real Academia de la Lengua Española-, y en las que hacía otras consideraciones como que «ha arrastrado a unos por arriba y a otros por abajo», llevaron a los policías judiciales a solicitar del juez que ordenase la intervención de los teléfonos del ex consejero, así como que permitiese someterle a una minuciosa investigación de su patrimonio e ingresos.
PUEDE ACABAR IMPUTADO
En el auto dictado el 24 de enero pasado, el magistrado Alcázar otorga luz verde a los agentes para investigar a Francisco Marqués, y realiza una serie de consideraciones que justificarían una decisión de tal calado. Así, señala el juez que Antonio Alvarado, Encarna Muñoz y José Ignacio Sánchez Gelabert, el ex jefe del Servicio de Calidad Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente -todos ellos imputados en el caso Zerrichera- «dependían jerárquicamente de Francisco Marqués (...), de quien resultó muy llamativa su actuación cuando salió en prensa para defender, políticamente, la decisión adoptada por una dirección general a su cargo -la de Calidad Ambiental- al aprobar la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) de la finca la Zerrichera, criticando, despectivamente y sin sonrojo alguno, el contenido de un informe medioambiental anterior (del 31 de agosto del 2004), elaborado precisamente por funcionarios dependientes de él mismo, pero de otra dirección general: la de Medio Natural».
El magistrado repasa además la citada conversación telefónica mantenida por Alvarado con un desconocido, que fue intervenida por la Policía, en la que el ex director general apuntaba a que el empresario Trinitario Casanova tenía a algún político «cogido por los huevos», y a continuación se refería a ese político como «el gran mullidor», añadía que es la persona «que debería estar y no está», que ya no se dedica a la política y que «está ganando mucho dinero todos los meses» y, por último, «que ha arrastrado a unos por arriba y a otros por abajo».
Tanto la Policía Judicial como el juez llegan a la conclusión de que la persona a la que se presuntamente refiere Alvarado, aunque sin nombrarlo, sólo puede ser Francisco Marqués. Y, de esta forma, el instructor afirma que «puede inferirse, lógicamente, que Alvarado -mejor que él nadie puede saberlo- pudo no actuar por decisión propia, sino inducido por su superior jerárquico, Francisco Marqués, en cuya mano además estaba la posibilidad de haber detenido el irregular proceso, entonces ya socialmente polémico, lo que no sólo no hizo, sino que lo apoyó abiertamente».
La última consideración del magistrado al autorizar la intervención de los teléfonos de Marqués es especialmente reveladora. «Aunque Francisco Marqués, actualmente no aforado, no fue incluido por el fiscal en su querella, no es descartable, por los antecedentes expuestos, que termine declarando como imputado en la causa».
«TÚ ME TIENES QUE LLAMAR»
Los teléfonos del ex consejero del Gobierno regional han permanecido pinchados desde el 11 de enero hasta al menos el 15 de junio de este año, momento en que la UDYCO estima que ya no tiene sentido seguir con la intervención telefónica.
Del contenido de las escuchas poco ha trascendido, pues han sido remitidas al juez en CD y las diligencias escritas sólo recogen una conversación con la ex secretaria general de la Consejería de Medio Ambiente, María de los Reyes Sánchez, a la que llama dos días antes de que ésta tuviera que prestar declaración en el juzgado.
-«Tú, cuando acabes, me tienes que llamar», le exige Marqués.
-«Hombre, ya lo sé, ya lo sé. Qué te crees», responde ella.
Nada ha trascendido, tampoco, de la investigación económico-patrimonial que están llevando a cabo los agentes de la UDYCO sobre Francisco Marqués y su esposa, María Jesús G.M., pues los informes todavía no han sido redactados o, al menos, no han sido incorporados a las diligencias cuyo secreto se ha levantado ahora. Con estas actuaciones, Marqués se convierte en la persona investigada por el caso Zerrichera que ha ocupado, hasta el momento, un cargo de mayor relevancia en la Administración regional.
