El Ministerio se niega a transferir Justicia a la Región por el déficit presupuestario

El secretario de Estado reconoce que Murcia "peleó legítimamente" por obtenerlas

La Opinión

EFE MADRID El secretario de Estado de Justicia, Juan Carlos Campo, reconoció ayer que la crisis ha afectado al proceso de transferencias de las competencias de Justicia a las comunidades autónomas, aunque recordó que el ministro, Francisco Caamaño, ha cerrado el traspaso con las comunidades de Murcia y La Rioja. Campo apuntó que la Región de Murcia «peleó» legítimamente por tener las competencias de Justicia, pero no pudo asumirlas por el problema del déficit presupuestario, lo que la llevó a hablar de la devolución al Estado de éste y otros servicios públicos.

Las competencias de Justicia no llegarán ahora por miedo a un agujero económico

El consejero Campos admite que éste no es el momento. El presidente del TSJ pide prudencia y coincide con que el traspaso no es una prioridad en la Región 

19.07.11 - 00:56 - 

M. BUITRAGO | MURCIA./ La Verdad

Las transferencias de Justicia tendrán que esperar. Y mucho, por lo que se aprecia. Ni forma parte de las prioridades del Gobierno regional ni es el momento oportuno -procesal, dirían algunos- para hacerse cargo de unas competencias que le pueden traer más de un quebradero a la Administración regional sobrecargando el déficit. La inconveniencia tiene un doble origen: la crisis económica y presupuestaria por un lado, y el deterioro político que conduce a unas elecciones anticipadas, por el otro.

Campos: "La Región contará con una Justicia cercana, ágil y con mejores infraestructuras"

CARM

El consejero de Justicia y Seguridad Ciudadana informa a petición propia en la Asamblea Regional sobre el proceso de transferencias de Justicia a la Comunidad Autónoma

Señala que la Región, con unos 70 millones de euros, es "la tercera comunidad mejor dotada financieramente en el proceso de transferencias"

La crisis 'engorda' el atasco judicial

Los juzgados murcianos acumulan ya más de 124.000 asuntos pendientes de resolver
12.07.10 - 02:52 -
ALICIA NEGRE anegre@laverdad.es MURCIA.

Carpetas repletas de papeles rebosan las mesas se agolpan en pequeñas estanterías. Llueve sobre mojado. La crisis económica ha disparado el número de asuntos que llegan a los tribunales murcianos y ha 'engordado', aún más, un atasco judicial ya de por sí preocupante. Los últimos datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) -plasmados en su informe 'La Justicia dato a dato'- no son nada halagüeños. En 2009 los juzgados de la Región cerraron con 124.102 asuntos pendientes de resolver. Apilados sobre la mesa.
Despidos, concursos de acreedores, reclamaciones de cantidad... La mala situación económica ha disparado el trabajo. En los dos últimos años, el atasco judicial ha aumentado cerca de un 50%. Si 2007 se cerraba con algo más de 80.000 asuntos pendientes de la decisión de un magistrado, el pasado año los tribunales echaron el cierre con más de 124.000 casos en trámite.
Los juzgados observan atónitos como, pese al trabajo, cada año reciben más y más asuntos y, aquellos que no se consiguen resolver, se van acumulando sobre la mesa. Es una bola de nieve que, a cada nuevo giro, gana en tamaño. En las últimas vueltas, sin embargo, esta hipotética bola ha crecido más de la cuenta.
Esta situación fue abordada la pasada semana por la portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, y los vocales delegados para la Estadística Miguel Carmona y Antonio Dorado, durante la presentación de su último informe. Según ponen de relieve las cifras, durante 2009, la justicia española ingresó más de 9,5 millones de asuntos, lo que supone un aumento de un 5,77% con respecto a la actividad del 2008.
Carmona defendió, según recogió 'Europa Press', que el aumento de los asuntos judiciales es similar al incremento de trenes que realizan un determinado recorrido: «Si se ponen más trenes en funcionamiento, hay más que estarían en camino sin llegar a su destino, pero no tienen por qué ir con retraso, sino que hay más en circulación».
Avalancha de trabajo
El presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Juan Martínez Moya, apunta al impacto de la crisis y al aumento de la litigiosidad como algunas de las causas que han propiciado que haya más trenes sobre estas vías. No hay que obviar que el pasado año los tribunales de la Región recibieron 301.181 asuntos, 18.399 más que el año anterior -y 46.388 más que en 2007-. Una avalancha de trabajo que, pese a los nuevos juzgados creados, hace más lento el sistema, ralentiza los procesos y desespera a la población.
Especialmente significativo es el aumento de casos que han experimentado los juzgados de lo Civil -que han pasado de 41.169 en 2008 a los 66.498 del pasado año-y lo Social -aumentando de 9.319 en 2008 a 19.477 en el ejercicio anterior-. Martínez Moya explica que estas jurisdicciones son las más afectadas. El CGPJ puso en marcha, en septiembre de 2009, un plan de refuerzo para los juzgados de lo Social que ha decidido prorrogar, al menos, hasta final de mes.
Sea o no debido a este plan, lo cierto es que los juzgados lograron el pasado año batir sus propias marcas. Haciendo frente a una situación adversa, la justicia murciana logró sacar adelante 281.447 asuntos, 18.399 más que en 2008. Aún así, la tasa de resolución (0,93) sigue estando, según los datos del CGPJ, por debajo de la media del país (0,96). La tasa de congestión, como es obvio, está también alejada de la media. En el país se sitúa en 1,35, mientras que en la Región sube hasta el 1,45.
Toca armarse de paciencia
Una de las consecuencias más claras de este atasco judicial son las esperas. La avalancha de trabajo no permite a los juzgados murcianos trabajar con la premura que sería deseable. Por poner un ejemplo, la espera media de un ciudadano que inicia un proceso por la vía civil es actualmente de nueve meses y medio. Una tardanza que está bastante alejada de lo que soportan de media la mayoría de los españoles (7,7 meses) y que ha ido aumentando al compás de este atasco. En 2005 y 2006, los murcianos tenían que esperar unos siete meses de media. En 2007, la espera aumentó medio mes más y en 2008 el proceso podía ya tardar ya 8,4 meses.
En los juzgados de lo Social, tan castigados por la crisis, también se ha notado una ralentización de los asuntos. En 2008 los casos se podían resolver en unos 4,7 meses de media. Los últimos datos del CGPJ apuntan, sin embargo, a que la espera ha superado ya el medio año.
La implantación definitiva de la oficina judicial, prevista previsiblemente para septiembre, y el proyecto de modernización de la justicia tienen, en estas cifras, un duro reto. Queda mucho camino si quieren reducir el número de asuntos atascados y que la justicia funcione como debiera. ¿Estarán a la altura?

Saura media ante Justicia para acelerar las transferencias

El líder de la oposición tratará con el ministro los últimos flecos que restan para cerrar el acuerdo con el Gobierno regional
14.06.10 - 01:12 -
J. MOLLEJO MURCIA. / La Verdad
El secretario general del PSRM-PSOE y líder de la oposición, Pedro Saura, se ha convertido en un aliado del Gobierno regional para la consecución de las competencias de Justicia, y esta semana tiene previsto entrevistarse con el ministro Francisco Caamaño para hablar sobre los últimos flecos que restan para cerrar el acuerdo.
La mediación del dirigente socialista se ha producido a petición del diputado regional del PP Manuel Campos, comisionado por el Ejecutivo autónomo para negociar la transferencia. Unos dos millones de euros separan las posturas de la Comunidad y del Ministerio, que, a raíz del último recorte del gasto público realizado por el Gobierno central, trata de ajustar unas cifras que ya estaban prácticamente pactadas. «Las competencias de Justicia son importantes para la Región y es necesario alcanzar un acuerdo lo más favorable posible, por eso estamos dispuestos desde el PSOE a echar una mano para conseguirlo», indicó Saura para explicar sus gestiones ante el Ministerio.
El líder socialista ya propició, también a petición del diputado regional del PP, un breve encuentro entre Manuel Campos y Francisco Caamaño en la reciente visita a Murcia del ministro de Justicia, en la que éste anunció que la transferencia podría materializarse a final del presente mes.
Campos, que ha agradecido al PSOE su colaboración en este asunto, se convertirá en el primer consejero de Justicia de la Comunidad Autónoma, una vez se firme el acuerdo para la recepción de esta competencia.
El coste efectivo de la transferencia se ha concretado en algo más de 70 millones de euros, pero los problemas de última hora han surgido en la valoración económica del pago único, una partida extraordinaria cuyo destino es financiar inversiones y programas pendientes o en ejecución. El Ministerio ha pedido a Manuel Campos que rebaje la cantidad prevista para el pago único, que en un principio rondaba los ocho millones. La negociación oscila ahora entre tres y seis millones de euros, pero el Gobierno regional no está dispuesto a bajar de los cinco millones.
Saura intentará esta semana en su entrevista con el ministro Caamaño buscar un punto de encuentro entre las pretensiones de recorte del Ministerio y las demandas del Ejecutivo autónomo de mantener al menos los cinco millones de euros.

REGIÓN/ Los jueces 'estallan' y afirman que trabajarán lo justo tras el anuncio de que les bajarán el sueldo

El recorte salarial y el aumento de asuntos por la crisis colman la paciencia de la Judicatura, que se limitará a cumplir con el cupo mínimo de asuntos que el CGPJ establece como razonable
04.06.10 - 01:27 -
A. NEGRE MURCIA. / La Verdad
Los jueces han 'estallado'. A la excesiva carga de trabajo que, aseguran, soportan desde hace años, se ha unido ahora el anuncio del recorte de sueldos y ha sido demasiado. Ayer, apenas tres días después de que el ministro del ramo, Francisco Caamaño, se dejase ver por primera vez por la Región, la junta general de jueces del partido de Murcia suscribía un comunicado 'explosivo'. Tal y como ya se ha planteado en otras comunidades, medio centenar de jueces y magistrados murcianos amenazan con 'colapsar' los juzgados, limitándose a tramitar sólo los asuntos «exigibles» y a no sobrepasar las horas de audiencia, si Justicia no acomete, y pronto, una reforma contundente.
La junta general de jueces de Murcia, a la que ya se ha unido su homóloga en Cartagena, manifestó ayer su «indignación por la constante y gradual degradación de las condiciones de trabajo en que se desarrolla la función jurisdiccional». Además, este colectivo criticó, en el comunicado, el «incumplimiento flagrante por el Derecho 8/2010 de las previsiones y procedimientos de la Ley 15/2003, reguladora del régimen retributivo de las Carreras Judicial y Fiscal».
Los jueces y magistrados murcianos reclaman en su escrito siete puntos muy concretos, y cinco de ellos están relacionados con sus retribuciones. Aunque no aparezca reflejado directamente en el comunicado, el recorte que planea el Gobierno, de cerca de un 7% en los salarios de jueces y fiscales, ha sido la gota que ha colmado el vaso.
Un 'puñetazo en la mesa'
Según ha podido saber este diario, son muchos los jueces y magistrados que han recibido con desagrado el anuncio del Gobierno. No en vano, esta reivindicación llega apenas una semana después. Este lunes, las cuatro asociaciones judiciales se reunieron con el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Dívar, para protestar ante esta medida que consideran «arbitraria, desproporcionada y discriminatoria».
Fuentes judiciales critican que no se ha seguido el trámite legal para reducir sus salarios puesto que ellos, al contrario que otro tipo de funcionarios, gozan de independencia económica y tienen su propia ley de retribuciones. «Las formas para nosotros son muy importantes». Desde algunas asociaciones se plantea, incluso, que esta rebaja salarial pueda ser inconstitucional.
En su comunicado, los jueces exigen que se les paguen las guardias de acuerdo a su especial responsabilidad y que se tenga en cuenta que ellos, a diferencia de otros funcionarios, no pueden compatibilizar su profesión con otras actividades que les reporten ingresos.
Sin embargo, tal y como indican fuentes judiciales, el 'puñetazo en la mesa' de los jueces murcianos tiene mucho que ver con la carga de trabajo que soportan y su dificultad para ofrecer así una respuesta adecuada al ciudadano. El 'quid' es que les falta tiempo para decidir. Hay que tener en cuenta que, para que se produzca ese temido atasco, los magistrados no necesitan quedarse de brazos cruzados. Es suficiente con que, como aseguran harán a partir de ahora, se ciñan a los módulos de carga de trabajo que fija como razonables el propio CGPJ.
Las repercusiones de la crisis económica han golpeado con fuerza a los órganos judiciales y han disparado los asuntos en la mayoría de jurisdicciones. Ello, unido al abuso en la litigiosidad -que también denuncian desde el sector- ha provocado que la judicatura murciana afronte una carga de trabajo bastante superior a la que aconseja su propio órgano de gobierno. Concretamente y según fuentes judiciales, en la jurisdicción Civil se dobla y en Instrucción, se triplica.
Aunque el comunicado de los jueces no ahonda en las consecuencias de su decisión, si estos jueces se ciñen a resolver los asuntos que fijan los módulos de trabajo, habrá una gran cantidad de casos que quedarán en 'stand by'. «Declaramos que no estamos, de ninguna forma, dispuestos a seguir supliendo con nuestro exclusivo esfuerzo las carencias de un sistema de las que, en absoluto, somos responsables».
Para hacer más fuerza aseguran que, además, no participarán «ni individual ni colectivamente en actividades no exigibles legalmente relacionadas con la nueva oficina judicial, tanto externas como internas, y tanto si son organizadas por el Ministerio de Justicia como por el CGPJ.
Los jueces murcianos reiteran «nuestro llamado a la unidad asociativa, deplorando la incapacidad de las cuatro asociaciones para conformar una posición común en la reivindicación y negociación de nuestras condiciones de trabajo, que sólo contribuye a debilitar la posición de nuestro colectivo». Además, instan a las asociaciones a convocar actos reivindicativos sin descartar, apuntan, «la convocatoria de una huelga».

¿QUÉ RECLAMAN?
Un nuevo sistema de medición de la carga razonable de jueces y magistrados desligado de cualquier vinculación con la productividad.
La revisión del ámbito de responsabilidad del juez en la nueva oficina judicial, con reforma expresa del artículo 165 de la LOPJ.
Una nueva Ley de Retribuciones que atribuya las competencias en el orden retributivo del CGPJ con autonomía presupuestaria.
La solución definitiva a las retribuciones variables pendientes de los años 2009 y 2010 mediante su distribución lineal.
La reforma de la retribución de las guardias de acuerdo con la especial responsabilidad del juez.
La reforma del régimen disciplinario con objeto de definir de forma clara las infracciones y las funciones del Servicio de Inspección en el escenario de la nueva oficina judicial.
La valoración económica del especial régimen de incompatibilidades de jueces y magistrados en relación con otros cuerpos de la Administración.

REGIÓN/ ´Las competencias de Justicia llegarán a lo largo de abril´

Manuel Campos, fiscal en excedencia y diputado del PP en la Asamblea Regional, está siendo el responsable de la negociación de la transferencia de las competencias de Justicia del Estado a la Comunidad. "Estamos haciendo una auditoría impecable", señala. El diputado prevé que el próximo mes de abril el Gobierno regional ya podría tener una consejería de Justicia, que dirigirá el propio Campos, tal y como ha dicho públicamente el presidente Valcárcel.
DAVID GÓMEZ / La Opinión

¿Cuándo asumirá la Comunidad Autónoma las competencias de Justicia?
Las negociaciones están pendientes de que el ministerio de Justicia nos remita el coste a 31 de diciembre de 2009 del capítulo sexto de las transferencias, el referido a capítulos inmuebles. Puede pensarse que avanzamos poco, pero es que es un trabajo muy complejo y estamos haciendo una auditoría impecable, que nos permitirá asumir las competencias con totales garantías. Después de este puente de San José, habrá una reunión entre el presidente Valcárcel y el ministro de Justicia y confiamos en que todo quede cerrado a lo largo del mes de abril. Creo que se están dando los pasos precisos para tener un buen acuerdo de transferencias.
¿Ha facilitado las cosas el ministro Caamaño, que sustituyó a Mariano Fernández Bermejo al frente de Justicia?
El equipo de Caamaño ha tenido una disposición absoluta para alcanzar el acuerdo de transferencias. Bermejo y yo comenzamos teniendo una relación magnífica. Cuando le pedí cita para visitarlo en el ministerio de Justicia, me concedió la posibilidad de hacerlo para empezar a hablar del traspaso de las transferencias. Eso fue en octubre de 2007. Pero, a partir de esa reunión, Bermejo se mantuvo distante, dijo que no tenía interlocutor en Murcia y todo se paró hasta que llegó Caamaño, aunque en Murcia seguimos trabajando. Con el nuevo ministro hemos avanzado mucho.
¿En qué beneficiará a los murcianos la futura consejería de Justicia?
Supondrá una cercanía de la Administración a la Justicia, a la vez que una mayor cercanía de la Justicia al ciudadano, algo que nos va a permitir tenerlo más en cuenta. Vamos a integrar la Administración de Justicia en la Comunidad Autónoma y vamos a posibilitar que el ciudadano note esas mejoras de modo inmediato, evitándole desplazamientos a las sedes judiciales, potenciando el uso de la informática y las nuevas tecnologías,... El principal beneficiado va a ser el ciudadano y nosotros nos vamos a ocupar muy mucho de la formación del funcionariado y de todo lo que es el turno de oficio, asistencia gratuita y asistencia al detenido...
¿Será usted el consejero de Justicia?
Lo ha dicho ya el presidente Valcárcel y yo creo que ese tema está bastante claro.
¿Tiene pensado su equipo?
Sí, me he permitido ir pensando en algunos nombres y estoy trabajando en él. Cuando el presidente constituya la consejería de Justicia y me nombre consejero, haré los trámites para hacer mi equipo, que será sólido en formación y de mi plena confianza.
¿Tendrá más competencias además de las jurídicas?
Eso depende del presidente Valcárcel. Él ha hablado en más de una ocasión de una posible consejería de Justicia e Interior, con las competencias de Seguridad Vial. Podría ser una consejería con importantes funciones y con una proyección social importantísima.
¿Esperaba que las competencias de Justicia llegaran antes?
No. Valcárcel ha sido impecable en cuanto a los planteamientos y ha administrado perfectamente los tiempos en este asunto. Hablamos de crear una comisión especial de Justicia, empezar a tomar contacto con los interlocutores ministeriales y, una vez que asumiéramos la competencias, se crearía la Consejería. No he querido precipitar mi nombramiento como consejero por ambiciones personales. No he tenido ninguna prisa por entrar antes de tiempo en el Gobierno regional.
¿Qué tal estos meses en política?
Me ha venido muy bien este tiempo de preparación para conocer la política, a los políticos, para saber que tengo vocación política y que puedo desarrollar una importantísima función.
Usted es fiscal en excedencia. ¿Cree, como dicen algunos, que los fiscales están tan influidos por los políticos?
Creo que ni el Fiscal General del Estado presiona al fiscal jefe de la Comunidad Autónoma ni éste se dejaría presionar. No todos los asuntos de corrupción en la Región los dirige el fiscal jefe. Son varios los profesionales que trabajan en la Fiscalía y ni siquiera el fiscal jefe no podría imponer su criterio.

REGIÓN/ Acuerdo con el Consejo General del Poder Judicial para la formación de jueces y magistrados

CARM
El Consejo de Gobierno ha autorizado la celebración del protocolo para 2010 del convenio marco de colaboración entre la Comunidad Autónoma y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para la formación de jueces y magistrados que prestan sus servicios en la Región de Murcia.
Entre las novedades para este ejercicio destacan las acciones dirigidas al desarrollo y funcionamiento de la nueva Oficina Judicial, que se puso en marcha como proyecto piloto en la Región de Murcia el pasado mes de diciembre.
Este año está prevista la participación de 104 jueces y magistrados como alumnos y de 29 ponentes, también de la carrera judicial, lo que suma un total de 133 jueces y magistrados, que ampliarán sus conocimientos y compartirán iniciativas orientadas a la mejora y modernización de la Administración de Justicia.
El presupuesto para el desarrollo de estas acciones formativas asciende a 36.216 euros, de los que la Comunidad aporta 20.000 euros y el Consejo General del Poder Judicial los 16.216 restantes.
El protocolo autorizado hoy se incluye en el convenio firmado en 2009 y cuya vigencia abarca hasta 2012, en el que se establecen las bases y se articula la colaboración permanente entre la Comunidad y el CGPJ en la formación territorial descentralizada de jueces y magistrados con destino o que presten servicios en la Región de Murcia.
Mediante la suscripción de este convenio, ambas instituciones consolidan de manera permanente la cooperación iniciada en esta materia. La colaboración se materializa a través de protocolos anuales que contienen el programa de actividades formativas y los compromisos de financiación.
La coordinación de las actividades de formación previstas en cada protocolo corresponde al Tribunal Superior de Justicia de la Región de Murcia, a través de un Magistrado Coordinador.
18 años de colaboración con el CGPJ
La colaboración entre Comunidad y CGPJ para la formación de jueces y magistrados se remonta a hace 18 años, cuando se suscribió el primer acuerdo, con la finalidad de atender las necesidades formativas específicas de la judicatura en la Región de Murcia.
En el marco de este acuerdo de colaboración, el pasado año se celebraron diferentes actividades formativas especializadas en los ámbitos penal, contencioso-administrativo, social y de instrucción, en los que participaron 110 jueces y magistrados.
Entre ellas, la Región albergó unas jornadas sobre Sanidad y Justicia, un Encuentro Jurisdiccional de Jueces de lo Penal de la Región de Murcia y otro del área de Instrucción, así como de lo Contencioso-Administrativo y de lo Social. Además, se celebró el IV Foro de la Oficina Judicial, que reunió a 33 jueces y magistrados de todos los órdenes jurisdiccionales y a 17 secretarios judiciales y fiscales.

Valcárcel nombrará al fiscal Campos consejero de Justicia antes de verano

Doce millones de euros separan a la Comunidad y el Ministerio en la negociación de las competencias
18.01.10 - 00:48 -
M. BUITRAGO MURCIA. / la Verdad

Doce millones de euros separan al Gobierno regional y al Ministerio de Justicia para que la Comunidad Autónoma asuma las competencias de Justicia, según ha apuntado a esta Redacción el presidente Ramón Luis Valcárcel. Las transferencias se encuentran en su recta final, pero el Ejecutivo regional no quiere que le cuesten dinero a las arcas autonómicas y provoque un agujero presupuestario a la vuelta de pocos años. Valcárcel también ha añadido que el diputado Manuel Campos será con toda probabilidad el nuevo consejero de Justicia.
La incorporación de Campos al Ejecutivo se producirá antes del verano, que es la nueva fecha que se han marcado la Comunidad y el Ministerio de Justicia para culminar el proceso de transferencias. Su nombramiento no supone ninguna sorpresa, ya que el fiscal que fichó por el Grupo Parlamentario Popular fue comisionado desde el primer momento para dirigir el proceso de negociación. «Es una persona muy querida en el ámbito judicial, con una gran preparación y ha desempeñado un gran trabajo en estos años. Ha estado muy metido en este proyecto», declaró el presidente Valcárcel.
En teoría, la Región de Murcia debía tener ya asumidas las competencias de Justicia, según las previsiones iniciales. En septiembre pasado, Manuel Campos calculó que en diciembre o enero se firmaría el traspaso. Habrá que esperar al verano. Entre las dos partes negociadoras existe una diferencia de 12 millones de euros. Los puntos calientes de las conversaciones son el coste de formación de los funcionarios, para los que se quiere destinar 250 euros en lugar de 50; el incremento en un 25% de la partida dedicada al turno de oficio, puesto que ha aumentado su actividad debido a que hay más detenciones; y la segunda fase de la Ciudad de la Justicia.
Setenta millones
El montante total de las transferencias roza los 70 millones de euros, explica Valcárcel, que abonaría el Estado anualmente para atender más de 140 órganos judiciales y 1.200 funcionarios. A la hora de hacer los números, el Gobierno murciano quiere que cuente el censo de población de este año. También reclama que se corrija el déficit de infraestructuras antes de firmar el traspaso. Ramón Luis Valcárcel recalcó que no quiere asumir unas competencias que provoquen un agujero en las cuentas de la Comunidad Autónoma, a la vez que indicó que las relaciones con el Ministerio de Justicia son fluidas y están en buena sintonía.
La incorporación de Manuel Campos al gabinete implicará algunos reajustes de funcionamiento en el Gobierno regional, pero a día de hoy no provocará un baile de consejerías

LA SITUACIÓN
Órganos judiciales. 140 repartidos por toda la Comunidad. Entre 2005-2009 se crearon 35 unidades judiciales.
Atasco en los juzgados. Más de 105.000 casos están pendientes de resolver.
Formación. El Ministerio destina actualmente 50 euros por funcionario en formación.

Convocan un concurso para plazas del TSJ y nuevos Juzgados en la Región

EFE
Murcia, 26 oct (EFE).- El Consejo General del Poder Judicial ha convocado un concurso para la provisión de una plaza de magistrado en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la Región y de cuatro Juzgados, según han indicado a Efe fuentes judiciales.
Además de la plaza de magistrado en el TSJ, las otras cuatro son para el Juzgado de lo Penal número 3 de Cartagena, Primera Instancia número 13 de Murcia, Instrucción número 9 de Mucia y de lo Penal número 6 de Murcia.
Estos cuatro Juzgados de nueva creación entrarán en funcionamiento a finales de diciembre, han añadido las mismas fuentes. EFE